Miguel Alberto Solís Tizón
San Salvador
El día viernes 13 pasado la organización Amnistía Internacional emitió una "Declaración Pública" relacionada a los hechos acaecidos en Suchitoto (El Salvador). El 2 de julio se organizaron protestas en y alrededores de la ciudad antes mencionada, como una medida de repudio por parte de algunos movimientos sociales, entre ellos
Nuestro país no había recibido en muchos años la atención por parte de un organismo de Derechos Humanos de renombre, como lo es Amnistía Internacional, ante hechos de esta índole. Las declaraciones contundentes que diera sobre este asunto, ante los medios de comunicación social, el lic. Óscar Humberto Luna, Procurador para
Desde el mismo día de los incidentes he mostrado mi especial interés por este asunto que ha traído, con esta "Declaración" de Amnistía Internacional, la vista de las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre las legislaciones de corte militarista promovidas actualmente por el gobierno de El Salvador, realmente un mal ejemplo de implantación legal luego de firmados los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec (México) que, luego de cumplirse el XV aniversario de dicho evento, ha sido el acontecimiento nacional más alabado, incluso por un reciente mensaje del Secretario General de
El lenguaje bushista, luego del condenable atentado contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 en New York, ha cundido sobre el globo terráqueo, de tal forma que incidentes de dudosa clasificación, tales como las manifestaciones en la ciudad de Suchitoto, están siendo calificadas como terroristas. Creo muy necesario que la sociedad salvadoreña se una para hacer un llamado a los tres Órganos del Estado, a fin de que hagan prevalecer el Estado de Derecho en nuestra nación, y no hagan confusión entre actos armados de terror con una manifestación que busca proteger el derecho del pueblo salvadoreño a gozar con libertad de los servicios básicos.
Por supuesto que hubo un delito de obstaculización de vía pública, y que es el deber policial dispersar a los manifestantes que efectúan actos de daño contra la propiedad, el orden público y el libre tránsito (cf. Código Penal, art. 348). Sin embargo, como fue testigo la sociedad salvadoreña por los medios de comunicación, los policías antimotines estaban lanzando gases lacrimógenos incluso en las cercanías de una escuela pública, desdeñando, de esta forma, la seguridad de los menores de edad (cf. Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 n° 3, ONU, 20/11/1989). Asimismo las detenciones se llevaron a cabo de una forma brutal, infligiendo violencia física y sicológica en los detenidos, tal como asegura Amnistía Internacional en su "Declaración" (cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 5, ONU, 10/12/1948).
Creo, en conciencia, que es mi deber como ciudadano salvadoreño y cristiano católico, expresar mi punto de vista ante los hechos antes mencionados, compartiendo con todos ustedes, mis amigos y amigas, esta lamentable situación que ocurre en mi país.
Siguiendo, pues, mi conciencia ciudadana y cristiana he compartido con ciertas personas, actores de la vida social, política, periodística y religiosa, mi opinión firme de que las medidas de prisión por tres meses, por parte de la jueza Ana Lucila Fuentes, a trece de los detenidos en los incidentes, así como por los abusos policiales a los que fueron sometidos, sobrepasan, en gran manera, a los hechos de los cuales podrían ser culpables. El mismo día 9 de julio dirigí una misiva al Señor Procurador para
Las trece personas en cuestión, actualmente privadas de su libertad, están a la espera de un juicio en el que, de ser halladas culpables, podrían ser condenadas a una pena de hasta cuarenta años en prisión.
Las declaraciones de las últimas horas por parte del presidente de la república y el diputado representante del partido gobernante, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), son claras en afirmar que deben crecer las penas de cárcel para las manifestaciones, y continúan insistiendo que deben ser consideradas actos de terrorismo. Y, sin embargo, también ha cambiado su opinión sobre la aplicabilidad de
Definitivamente, la jueza Fuentes recibió, en su momento, una fuerte presión por parte del Ejecutivo para criteriar la aplicación de esta Ley antiterrorista. Esto debido a las primeras reacciones del presidente, y su aval en torno a las detenciones y acusaciones.
La presión mundial, como la loable intervención de Amnistía Internacional, creo que podría ser un recurso e instrumento eficaz para que los legisladores, gobernantes y jueces salvadoreños reaccionen y piensen en dejar sus ideologías a un lado, para dar paso a la dignidad que todas las personas humanas tenemos inherentemente.
Me alargaría más de lo que merece la presente reflexión si ahondáramos en las tipificaciones de actos terroristas, y los conceptos que en nuestro medio salvadoreño hemos "tropicalizado" como tales, según la expresión de Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Gobernación.
No es racionalmente justo que las actuaciones judiciales sean peores que las de los laboratorios farmacéuticos y químicos, quienes, tranquilamente, retiran un medicamento por dañino a la salud pública, luego de lucrarse con él y dejar a cientos de afectados, sin recibir una sanción por parte de ningún organismo, incluida
Desde el día de los hechos suscitados en Suchitoto he expresado abiertamente mi opinión de que el Gobierno Salvadoreño, en concertación con los sectores sociales, debe establecer nuevos mecanismos de diálogo. Se dice que los sectores populares si no tienen los medios económicos para publicar su pensamiento (según el art. 6 de
Esto es, básicamente, la raíz de la problemática actual en todas las sociedades humanas: no nos escuchamos.
Ahora bien, si el Gobierno actualmente no desea más manifestaciones públicas, entonces debe diseñar nuevos mecanismos en los que sus disidentes tengan un espacio en el cual puedan expresar sus inconformidades ante las políticas gubernamentales. Ya se ve que las cartas, colocar carteles, reunir firmas, publicar "campos pagados", o transmitirlos por radio o televisión, son recursos ineficientes e ineficaces para conseguir ser escuchados. Por otra parte, los diputados de
Ante una muestra de violación a los derechos humanos como el que estamos considerando, el mayor partido político de oposición, Frente "Farabundo Martí" para
Luego de los incidentes en Suchitoto el señor presidente Antonio Saca declaró lo siguiente: "Y quiero reiterar desde Casa Presidencial que mientras este servidor sea presidente del país, jamás voy a privatizar el sistema de Salud, jamás voy a privatizar el agua potable, ni
Quiero enfatizar ahora el actuar de los alcaldes municipales en este contexto. Son los gobernantes locales elegidos por la voluntad popular. Si ellos tenían conocimiento de las nuevas políticas de descentralización, ¿por qué no las comunicaron oportunamente a la ciudadanía en, por ejemplo, un cabildo abierto o medios de difusión social? Al problema de falta de atención y "escucha" ahora tenemos que sumar un grave problema de "comunicación", y a éste otro "semántico".
Son las políticas económicas neoliberales las que han llevado a la privatización de servicios como el de la telefonía nacional, fondos de pensiones, etc., y que hacen temer a la ciudadanía que esto ocurra con los servicios básicos, tales como Salud, Agua y Educación. Ahora bien, realizar una acción privatizadora bajo el nombre de una "descentralización" tampoco sería algo insólito, ya que también en el año 2000 se le llamó "integración monetaria" a la dolarización. Así que, ante el juego de las palabras, se debe más bien prestar atención a los conceptos de fondo. Y son, en última instancia, estos "conceptos de fondo" a los que los movimientos sociales, o cualquier ciudadano, no tiene acceso con facilidad. Los mecanismos de rendición de cuentas e información por parte de los gobernantes está claro que son bastante deficientes.
Como ciudadano salvadoreño creo un deber con la verdad y la honestidad discernir la actuación de agrupaciones ilícitas y de clara organización criminal, terrorista y guerrillera, con la actuación de los grupos sociales, quienes manifiestan justas reivindicaciones. Y, además de discernir, apoyar comprometidamente, según mi situación y posibilidad, dichas causas. Rechazo categóricamente cualquier mecanismo violento de expresión, y creo que el Diálogo y
Finalizo, pues, esta reflexión, con este llamado a la reconciliación, entre los violentados y los violentos, entre las víctimas y victimarios, ofensores y ofendidos. Que
San Salvador, 17 de julio de 2007
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«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.» (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 19, ONU, 10/12/1948)
