El Salvador. Manifestantes: víctimas de legislación antiterroristaAnte la "Declaración Pública" de Amnistía Internacional

Miguel Alberto Solís Tizón
San Salvador

El día viernes 13 pasado la organización Amnistía Internacional emitió una "Declaración Pública" relacionada a los hechos acaecidos en Suchitoto (El Salvador). El 2 de julio se organizaron protestas en y alrededores de la ciudad antes mencionada, como una medida de repudio por parte de algunos movimientos sociales, entre ellos la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y la Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), hacia el anuncio que haría allí el presidente Antonio Saca sobre las nuevas políticas de descentralización de varios servicios, incluido el agua. Más de una docena de manifestantes fueron detenidos con medidas excesivas de fuerza por parte de los agentes policiales, y se reportaron abusos a la integridad física y moral de los detenidos durante las aprehensiones y el traslado a las instalaciones de la institución policial.

Nuestro país no había recibido en muchos años la atención por parte de un organismo de Derechos Humanos de renombre, como lo es Amnistía Internacional, ante hechos de esta índole. Las declaraciones contundentes que diera sobre este asunto, ante los medios de comunicación social, el lic. Óscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el pasado 9 de julio, al no considerar que la Ley Especial contra Actos de Terrorismo haya sido la más adecuada para aplicar en este caso, que no había justificación para ciertas detenciones y que, habiendo un derecho constitucional a la manifestación, se efectuaron las detenciones con excesivo uso de la fuerza, nos llevan a la conclusión de que, efectivamente, ha habido una clara violación a los derechos humanos en El Salvador. A las declaraciones del lic. Luna se sumó la del Procurador General de la República, Gregorio Sánchez Trejo, quien declaró que dicha ley debe revisarse.

Desde el mismo día de los incidentes he mostrado mi especial interés por este asunto que ha traído, con esta "Declaración" de Amnistía Internacional, la vista de las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre las legislaciones de corte militarista promovidas actualmente por el gobierno de El Salvador, realmente un mal ejemplo de implantación legal luego de firmados los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec (México) que, luego de cumplirse el XV aniversario de dicho evento, ha sido el acontecimiento nacional más alabado, incluso por un reciente mensaje del Secretario General de la ONU, Sr. Ban Ki-moon.

El lenguaje bushista, luego del condenable atentado contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 en New York, ha cundido sobre el globo terráqueo, de tal forma que incidentes de dudosa clasificación, tales como las manifestaciones en la ciudad de Suchitoto, están siendo calificadas como terroristas. Creo muy necesario que la sociedad salvadoreña se una para hacer un llamado a los tres Órganos del Estado, a fin de que hagan prevalecer el Estado de Derecho en nuestra nación, y no hagan confusión entre actos armados de terror con una manifestación que busca proteger el derecho del pueblo salvadoreño a gozar con libertad de los servicios básicos.

Por supuesto que hubo un delito de obstaculización de vía pública, y que es el deber policial dispersar a los manifestantes que efectúan actos de daño contra la propiedad, el orden público y el libre tránsito (cf. Código Penal, art. 348). Sin embargo, como fue testigo la sociedad salvadoreña por los medios de comunicación, los policías antimotines estaban lanzando gases lacrimógenos incluso en las cercanías de una escuela pública, desdeñando, de esta forma, la seguridad de los menores de edad (cf. Convención sobre los Derechos del Niño, art. 3 n° 3, ONU, 20/11/1989). Asimismo las detenciones se llevaron a cabo de una forma brutal, infligiendo violencia física y sicológica en los detenidos, tal como asegura Amnistía Internacional en su "Declaración" (cf. Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 5, ONU, 10/12/1948).

Creo, en conciencia, que es mi deber como ciudadano salvadoreño y cristiano católico, expresar mi punto de vista ante los hechos antes mencionados, compartiendo con todos ustedes, mis amigos y amigas, esta lamentable situación que ocurre en mi país. La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (CELAM), recientemente reunida en Aparecida (Brasil), ha hecho un claro llamado a la renovación de la pastoral social en la Iglesia Católica Latinoamericana, a fin de que exista una promoción humana integral. En tal sentido el laicado, como personas que más propiamente deben involucrarse en los asuntos seculares y sociopolíticos, deben contar, como lo dice el Documento de Aparecida, con la "preparación y compromiso... para intervenir en los asuntos sociales" (n. 400). En una reciente nota periodística de El Faro, se asegura que también el lic. Ovidio González, director de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz), se ha sumado a las voces de inconformidad sobre lo relacionado a las capturas y detenciones antes mencionadas (cf. http://www.elfaro.net, Caso Suchitoto reabre debate por ley antiterrorismo, por Daniel Valencia, 16/7/2007). Es lamentable que la posición de Tutela Legal sea conocida por este medio y no por el semanario "Orientación" del Órgano Oficioso del Arzobispado de San Salvador.

Siguiendo, pues, mi conciencia ciudadana y cristiana he compartido con ciertas personas, actores de la vida social, política, periodística y religiosa, mi opinión firme de que las medidas de prisión por tres meses, por parte de la jueza Ana Lucila Fuentes, a trece de los detenidos en los incidentes, así como por los abusos policiales a los que fueron sometidos, sobrepasan, en gran manera, a los hechos de los cuales podrían ser culpables. El mismo día 9 de julio dirigí una misiva al Señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, expresándole mi sentir sobre este acontecimiento. Anexo encontrarán un fragmento de la misma.

Las trece personas en cuestión, actualmente privadas de su libertad, están a la espera de un juicio en el que, de ser halladas culpables, podrían ser condenadas a una pena de hasta cuarenta años en prisión.

Las declaraciones de las últimas horas por parte del presidente de la república y el diputado representante del partido gobernante, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), son claras en afirmar que deben crecer las penas de cárcel para las manifestaciones, y continúan insistiendo que deben ser consideradas actos de terrorismo. Y, sin embargo, también ha cambiado su opinión sobre la aplicabilidad de la Ley antiterrorista en este caso, debido, sin duda, a la polémica suscitada. El mismo mandatario, al ser cuestionado por los medios periodísticos estos días, dijo desconocer la "Declaración Pública" de Amnistía Internacional.

Definitivamente, la jueza Fuentes recibió, en su momento, una fuerte presión por parte del Ejecutivo para criteriar la aplicación de esta Ley antiterrorista. Esto debido a las primeras reacciones del presidente, y su aval en torno a las detenciones y acusaciones.

La presión mundial, como la loable intervención de Amnistía Internacional, creo que podría ser un recurso e instrumento eficaz para que los legisladores, gobernantes y jueces salvadoreños reaccionen y piensen en dejar sus ideologías a un lado, para dar paso a la dignidad que todas las personas humanas tenemos inherentemente.

Me alargaría más de lo que merece la presente reflexión si ahondáramos en las tipificaciones de actos terroristas, y los conceptos que en nuestro medio salvadoreño hemos "tropicalizado" como tales, según la expresión de Francisco Bertrand Galindo, ex ministro de Gobernación.

No es racionalmente justo que las actuaciones judiciales sean peores que las de los laboratorios farmacéuticos y químicos, quienes, tranquilamente, retiran un medicamento por dañino a la salud pública, luego de lucrarse con él y dejar a cientos de afectados, sin recibir una sanción por parte de ningún organismo, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el día de los hechos suscitados en Suchitoto he expresado abiertamente mi opinión de que el Gobierno Salvadoreño, en concertación con los sectores sociales, debe establecer nuevos mecanismos de diálogo. Se dice que los sectores populares si no tienen los medios económicos para publicar su pensamiento (según el art. 6 de la Constitución), se ven obligados a manifestarse en la vía pública. Por una parte los medios de prensa escrita argumentan su libertad de publicar o no algo y, por otra, sean manifestaciones "escritas" o en vía pública, ¿acaso son escuchadas y atendidas?

Esto es, básicamente, la raíz de la problemática actual en todas las sociedades humanas: no nos escuchamos.

La Constitución de la República, en el mismo art. 6 (que trata de la libre expresión) también reconoce "el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona". Supongamos que yo publico una carta abierta a una entidad o un funcionario público. La Constitución reconoce el derecho de respuesta, pero en la práctica, ¿se reciben estas respuestas? En este sentido, a los sectores populares no les queda otro mecanismo más que la manifestación en las calles, ya que no creen que haya otro medio más adecuado para que se les preste la atención debida.

Ahora bien, si el Gobierno actualmente no desea más manifestaciones públicas, entonces debe diseñar nuevos mecanismos en los que sus disidentes tengan un espacio en el cual puedan expresar sus inconformidades ante las políticas gubernamentales. Ya se ve que las cartas, colocar carteles, reunir firmas, publicar "campos pagados", o transmitirlos por radio o televisión, son recursos ineficientes e ineficaces para conseguir ser escuchados. Por otra parte, los diputados de la Asamblea Legislativa, supuestamente representantes del pueblo salvadoreño, y los Partidos Políticos, en general, tampoco ofrecen mecanismos para "escuchar" a la ciudadanía.

Ante una muestra de violación a los derechos humanos como el que estamos considerando, el mayor partido político de oposición, Frente "Farabundo Martí" para la Liberación Nacional (FMLN), días después de ocurridos los hechos, se unió, aunque no protagónicamente, con las inconformidades de la sociedad salvadoreña. Una actitud hasta cierto punto oportunista, ya que esa agrupación estaba siendo atacada en su momento por las supuestas vinculaciones con un asesino de agentes policiales en 2006, quien, precisamente, fue capturado ese mismo día 2 de julio.

Luego de los incidentes en Suchitoto el señor presidente Antonio Saca declaró lo siguiente: "Y quiero reiterar desde Casa Presidencial que mientras este servidor sea presidente del país, jamás voy a privatizar el sistema de Salud, jamás voy a privatizar el agua potable, ni la Educación, pero sí vamos a descentralizar, porque los alcaldes me lo han pedido" (Discurso 2/7/2007, en http://www.casapres.gob.sv).

Quiero enfatizar ahora el actuar de los alcaldes municipales en este contexto. Son los gobernantes locales elegidos por la voluntad popular. Si ellos tenían conocimiento de las nuevas políticas de descentralización, ¿por qué no las comunicaron oportunamente a la ciudadanía en, por ejemplo, un cabildo abierto o medios de difusión social? Al problema de falta de atención y "escucha" ahora tenemos que sumar un grave problema de "comunicación", y a éste otro "semántico".

Son las políticas económicas neoliberales las que han llevado a la privatización de servicios como el de la telefonía nacional, fondos de pensiones, etc., y que hacen temer a la ciudadanía que esto ocurra con los servicios básicos, tales como Salud, Agua y Educación. Ahora bien, realizar una acción privatizadora bajo el nombre de una "descentralización" tampoco sería algo insólito, ya que también en el año 2000 se le llamó "integración monetaria" a la dolarización. Así que, ante el juego de las palabras, se debe más bien prestar atención a los conceptos de fondo. Y son, en última instancia, estos "conceptos de fondo" a los que los movimientos sociales, o cualquier ciudadano, no tiene acceso con facilidad. Los mecanismos de rendición de cuentas e información por parte de los gobernantes está claro que son bastante deficientes.

Como ciudadano salvadoreño creo un deber con la verdad y la honestidad discernir la actuación de agrupaciones ilícitas y de clara organización criminal, terrorista y guerrillera, con la actuación de los grupos sociales, quienes manifiestan justas reivindicaciones. Y, además de discernir, apoyar comprometidamente, según mi situación y posibilidad, dichas causas. Rechazo categóricamente cualquier mecanismo violento de expresión, y creo que el Diálogo y la Paz deben prevalecer ante todo. No deben confundirse las "fuerzas populares" salvadoreñas con grupos como Hamás o Al-qaeda. Bien expresó esta diferencia el mismo profeta y mártir Mons. Óscar Arnulfo Romero (+ 1980): «Alguien me criticó como si yo quisiera unir en un solo sector las fuerzas populares con los grupos guerrilleros. Siempre mi mente está muy clara sobre la diferencia. A ellos, pues, y a quienes abogan por soluciones violentas, quiero llamarlos a la comprensión. Saber que nada violento puede ser duradero. Que hay perspectivas aún humanas de soluciones racionales y, sobre todo, por encima de todo, está la palabra de Dios que nos ha gritado hoy: ¡RECONCILIACION! Dios lo quiere, reconciliémonos y así haremos de El Salvador una patria de hermanos, todos hijos de un Padre que nos está esperando a todos con los brazos abiertos.» (Homilía 16/3/1980).

Finalizo, pues, esta reflexión, con este llamado a la reconciliación, entre los violentados y los violentos, entre las víctimas y victimarios, ofensores y ofendidos. Que la Justicia prevalezca... por supuesto, pero la Paz y el Amor tienen que ser expresiones y actuaciones más a la altura de los hombres y las mujeres del siglo XXI, y deben hacer prevalecer estos valores por sobre todo.

San Salvador, 17 de julio de 2007

Los conceptos expresados en este espacio son de exclusiva responsabilidad del autor y de las fuentes citadas. El autor se atiene al derecho a la libertad de opinión y de expresión contemplado en el art. 6 de la Constitución de la República de El Salvador y demás disposiciones del Derecho Internacional.

«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.» (Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 19, ONU, 10/12/1948)

Joyas de la familia

Frei Betto
religioso dominico

¿Qué sucede cuando crímenes horrendos son practicados por el gobierno de un país que se enorgullece de ser el paladín de la democracia y de la libertad? ¿Enmudecen avergonzados sus admiradores? Si tales atrocidades fuesen cometidas por los gobiernos de Chávez o de Fidel merecerían titulares truculentos. Serían la prueba contundente de que no tienen escrúpulos, violan los más elementales principios de civilidad, agreden los derechos humanos.

Parte de esa historia macabra, que incluye la confabulación entre el Estado y el crimen organizado, comienza a salir a la superficie. Presionado por la opinión pública, el gobierno de los Estados Unidos divulgó, en la última semana de junio, el documento de 693 páginas, curiosamente titulado “Joyas de la familia”, concerniente a las operaciones de la CIA entre 1950 y 1970. Es aterrador. La agencia de información y espionaje aparece como una sucursal del sindicato del crimen, dedicada a practicar asesinatos, escuchas telefónicas y violación de correspondencia ilegales, uso de seres humanos como cobayas involuntarias en tests de medicamentos, vigilancia de periodistas y personalidades contrarias a la guerra de Vietnam, como Jane Fonda.

En 1960 la CIA decidió asesinar a Fidel Castro, lo que ya es grave por tratarse de una iniciativa de una institución del Estado. Contrató para ello a un mafioso, Johny Roselli. La CIA le prometió a Roselli 150 mil dólares por la muerte de Fidel, pues la Revolución cubana afectaba los intereses de los Estados Unidos en la isla. El mafioso usó ‘naranjas’ para envenenar a Fidel, pero todos sus intentos fracasaron.

La CIA planificó también el asesinato de Patrice Lumumba, líder anticolonialista del Congo, en enero de 1971. Él había sido elegido primer ministro en 1960. Recurrió al apoyo de la Unión Soviética cuando la provincia de Katanga, rica en minerales, declaró su independencia, en un movimiento separatista apoyado por las potencias occidentales. Fue derribado por un golpe de Estado. Y al huir de la prisión domiciliar Lumumba fue capturado, golpeado, llevado en avión a Katanga, fusilado y su cuerpo derretido en ácido.

La CIA también preparó la emboscada que, en una carretera de la República Dominicana, ametralló al dictador Rafael Trujillo en mayo de 1961. Participó también en la eliminación, en 1970, del general chileno René Schneider, como parte de una conspiración que trataba de impedir la toma de posesión del presidente Salvador Allende. Todo eso está revelado en el informe del gobierno de los Estados Unidos.

La CIA y sus métodos criminales prosiguen activos, bajo las bendiciones de Bush: secuestros de supuestos terroristas en cualquier parte del mundo, trasladados a cárceles secretas en Europa Central y en Egipto, donde sufren torturas; la utilización de la base naval de Guantánamo como cárcel vedada a cualquier norma jurídica; la eliminación de líderes populares en Iraq y en Afganistán, etc.

El documento “Joyas de la familia” revela también que, en Brasil, la CIA espió, en los años 60, a la Iglesia Católica, rastreando las tendencias ideológicas de sacerdotes y obispos. Después del golpe de 1964 acusó a Brizola de haber recibido dinero de China y de Cuba para implantar la guerrilla en el sur del país.

“Joyas de la familia” comprueba igualmente lo que ya todos sabían: el gobierno de los Estados Unidos dio apoyo político, bélico y material al golpe militar de 1964. Lincoln Gordon, por entonces embajador en Brasil, recibió el respaldo directo del presidente Lyndon Jonson, y recomendó a la Casa Blanca “tomar medidas lo antes posible para la entrega clandestina de armas, que no sean de origen estadounidense, a las fuerzas partidarias de Castello Branco en Sao Paulo”. Las armas, que serían desembarcadas de un submarino, serían utilizadas por “unidades paramilitares que trabajan con grupos militares democráticos, o por militares amigos contra militares hostiles, si fuera necesario”.

Si el documento de la CIA ha merecido poco realce en los medios de comunicación, ¿por qué tanto alarde ante el hecho de que Chávez haya decidido, respaldado por las leyes venezolanas, no renovar la concesión de RCTV, y tanto silencio cuando la FCC (siglas en inglés de la Administración Federal de Comunicaciones), órgano del gobierno de los Estados Unidos, canceló 141 concesiones de radio y TV entre 1934 y 1987? En por lo menos 40 casos la FCC ni siquiera esperó a que expirase el plazo de la concesión, al contrario de lo que hizo Chávez en Venezuela.

En julio de 1969 la FCC revocó la concesión a la WLBT-TV; en 1981 a la WLNS-TV; en abril de 1998 a la radio Daily Digest. Sólo en la década de los 80 sucedieron 10 casos de no renovación.

En Inglaterra la autoridad estatal decretó, en marzo de 1999, el cierre temporal de MED TV, canal 22; en agosto del 2006 revocó la licencia a la ONE TV; en enero del 2004 a la Look 4 Love 2; en noviembre del 2006 a la StarDate TV 24; y en diciembre del 2006 al canal de telenovelas Auctionworld.

En ninguno de esos casos se oyeron protestas semejantes a las habidas por la decisión de Chávez.

La Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) reconoce el derecho soberano de cada gobierno a “reglamentar sus telecomunicaciones, teniendo en cuenta la importancia creciente de las telecomunicaciones para la salvaguarda de la paz y el desarrollo económico y social de los Estados”. (Traducción de J.L.Burguet)